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En toda adquisición de un inmueble, ya sea a título oneroso como gratuito, es decir, que el inmueble se adquiera a través de una herencia, legado, donación o por una compra venta, se generan impuestos que hay que ingresar en las arcas públicas.

El impuesto que se aplica en las adquisiciones a título gratuito, es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El impuesto que se aplica en las compra ventas, dependerá de quién es el que compra, y en términos jurídicos, también llamado sujeto pasivo.

  • Si es una persona física, se le aplicará el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD).
  • Si el que adquiere el bien es una persona jurídica o empresario-profesional, en estos casos, se aplicará la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Dejando a un lado la regulación de cada uno de estos impuestos y las repercusiones jurídico económicas que cada uno de ellos engloba, por su extensión de contenido. Nos centraremos en este artículo en el efecto que supone a nivel tributario el valor designado por ese bien el día de la transmisión y en la declaración del Impuesto.

Es usual que cuando adquirimos un inmueble, la sistemática sea siempre la misma.

Las partes, transmitente y adquirente, acuden al Notario para formalizar en documento público la adquisición, para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

En el momento de preparar la escritura, en la misma Notaría, se comprueba que el valor del bien designado en la escritura no sea inferior al valor catastral que aparece en el recibo del IBI del inmueble. En algunos casos, se recomienda corregir el valor designado, utilizando el valor catastral y aplicando unos coeficientes, y en otros casos, se consulta el valor del bien en la página de la Consejería que corresponda.

Firmada la transmisión, se liquida el impuesto correspondiente con base al valor declarado en la Escritura y se ingresa la cantidad correspondiente en la Hacienda Pública.

Hasta aquí, todo normal. El adquirente se va convencido que ha cumplido con todas sus obligaciones legales, pues además, ha estado todo el proceso comprobado por el Sr. Notario.

Cuál es la sorpresa, cuando al cabo de tres años desde la fecha de la compra, el adquirente del bien, recibe una comunicación de la Hacienda Pública, informándole que se abre contra él un expediente de comprobación de valores sobre la adquisición, ya que el valor del bien no era de 124.000 euros, sino de 210.000 euros.

El expediente continúa su proceso y finaliza con una liquidación provisional donde dice que el contribuyente, debe ingresar ahora a la Hacienda Pública la cantidad de 6.800 euros más, intereses de demora incluidos, por la adquisición. Menuda sorpresa.

En el expediente de la liquidación, Hacienda, adjunta un informe pericial muy extenso, en apariencia muy técnico, con parámetros de todo tipo, donde aplican coeficientes correctores y fórmulas matemáticas complejas, utilizando valores y datos oficiales en su liquidación.

Llegados a este punto, al contribuyente se le viene el mundo el encima, no entiende nada, ¿pero cómo? si yo lo hice todo ante Notario, si cumplí con mis obligaciones legales, si ya ingresé el impuesto correspondiente.

POSIBLES VÍAS DE RECURSO

Cuando recibimos una inspección de Hacienda por una comprobación de valores, como es el caso, disponemos de una serie de armas legales para la defensa de nuestros derechos como contribuyentes.

Nada más recibir la comunicación de Hacienda, es importante acudir a un profesional especializado en tributos, para buscar asesoramiento.

Después de estudiado y analizado el caso en concreto, es muy probable que existan vías de defensa de sus intereses y poder recurrir la liquidación practicada para no tener que pagar la cantidad propuesta.

En primer lugar, se puede recurrir la liquidación, con base a un defecto en el procedimiento de liquidaciones valor de inmuebles realizadas por hacienda. 

Hay que estudiar si la Administración Tributario ha actuado conforme a Ley y ha cumplido con las normas del procedimiento de comprobación de valores que establece la Ley General Tributaria y Reglamento de recaudación y gestión. Pues puede darse el caso que a usted no le hayan notificado en tiempo y forma el procedimiento o que no le hayan informado de sus posibilidades de recurso en la liquidación. Estos simples supuestos podrían conllevar que la liquidación no sea conforme a derecho y por tanto sea considerada nula.

En segundo lugar, se puede recurrir la liquidación, con base a que la valoración realizada por la administración no refleja el valor real del inmueble en la fecha de la adquisición.

Para ello, tendremos que aportar nosotros una nueva valoración con un informe pericial que justifique que el valor designado por Hacienda no es correcto. Se da el caso de que un inmueble, cuando se adquiere, (por ej. año 2013), estaba sin reformar y hemos invertido una cantidad considerable en la reforma. Cuando se realiza la inspección y la valoración del inmueble por la Administración(por ej. en el año 2015), no se tiene en cuenta este dato por el técnico de Hacienda, con lo que la valoración del inmueble se eleva.

En tercer lugar, se pueden recurrir con base a recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre este asunto.

El alto Tribunal de esta comunidad, ha dictaminado que estas comprobaciones de valor realizadas por la Administración, deben realizarse de forma individualizada para cada caso en concreto, que el técnico de la Administración, debe acudir in situ al inmueble para comprobar el estado del mismo y ser tenido en cuenta en su informe y que además, no es correcto utilizar coeficientes correctores generalizados en todos los informes y por sistema, que hay que realizar una valoración individualizada para cada caso en concreto.

Por todas estas razones, aconsejamos que ante cualquier inspección de Hacienda, en especial, de la comprobación de valores aquí comentada, acuda con brevedad a un profesional tributario que estudie su caso en concreto y le aconseje su viabilidad del recurso a la liquidación, pues existen grandes posibilidades de éxito.

Francisco Javier Perea Arroyo – Abogado ICALI 5719

 

Nota: Imagen obtenida de Pixabay – Geralt – Gratis para usos comerciales No es necesario reconocimiento

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